Tres cosas han avanzado en la conversación pública en los últimos meses. La primera es que en la sociedad argentina crece el consenso que para salir de este ciclo de decadas de empobrecimiento es necesario hacer transformaciones.
La segunda es el consenso de que si hay alguien que puede tomar ese desafío de cambio es la coalición política Cambiemos. Aún los periodistas más facilitadores de los sucesivos gobiernos peronistas lo reconocen cuando dicen por ejemplo: “Cambiemos tiene que tener un plan”, “Cambiemos tiene que saber que el peronismo se va a oponer a esos cambios desde el primer dia”. Si leemos esas frases entre líneas podemos ver que asumen que si hay una posibilidad de cambio es a través de Cambiemos. Parece poco, pero es mucho.
La tercera es que toma fuerza dentro de Cambiemos la idea de que para llevar a cabo esas reformas necesarias van a tener que enfrentar al peronismo y no dar tregua a la oposición incivil que van a enfrentar. Ya casi se apagan las voces que hablan de halcones o palomas. Es cambio o renunciamiento. A los tumbos se han ido construyendo estos consensos. No obstante, una cosa llama mi atención.
Cuando nuestros dirigentes hablan de cómo van a llevar adelante esas transformaciones, prevalece en general el coraje y dicen que, con diferentes métodos, enfrentarán a los saboteadores de esas reformas sin miedo y sin concesiones. Esa valentía es necesaria y por supuesto bienvenida. Es lo que pedíamos. En mi visión, enfocarse con exclusividad en esa actitud encierra un riesgo: el de terminar en un campo de batalla, centrados en enfrentar a esos opositores y relegando lo importante que son las reformas que necesitamos y su contenido. Terminarán envueltos en peleas y se perderá el foco en el contenido de las reformas.
En la discusión publica sobre cómo llevar adelante esas reformas pareciera que están los dirigentes de Cambiemos contra el statu quo, representado en el peronismo, el progresismo o la corporación empresarial-sindical. La sociedad comprometida, la que llevó a Mauricio Macri a aquellas plazas del 25 de agosto de 2019, la de los banderazos republicanos, una vez más está condenada a ser espectadora. Su rol es el de apoyar. Esto en mi visión puede ser una oportunidad perdida.
Por un lado la es porque los medios de comunicación y periodistas son financiados por ese statu quo. Es imposible garantizar una conversación pública balanceada en la que los intereses de los ciudadanos y la sociedad civil (la mayoría silenciosa) tengan la misma atención que el barullo minoritario intencional del statuo quo que la financia. Gobiernos nacionales, provinciales o municipales, empresas que hacen negocios con el estado o que se benefician de decisiones del estado no invierten en medios y periodistas porque están desesperados por que se concreten cambios, sino todo lo contrario. Idealmente, en una sociedad moderna y democrática la responsabilidad de establecer una conversación pública productiva es del periodismo. En su ausencia, Cambiemos está obligado a establecer una conversación pública equilibrada porque lo va a favorecer.
Es también una oportunidad perdida porque esas sociedades modernas han encontrado hace ya mucho tiempo instrumentos para asegurarse que esas reformas estructurales se concreten y mejoren la calidad de vida. Y en un contexto de reformismo permanente como el que vivimos, esas herramientas siguen mejorándose a diario. Hagamos entonces un simulacro de una posible reforma estructural, la famosa reforma laboral, aplicando la metodología usual en una democracia moderna.
Se discute diariamente si es necesaria o no una reforma laboral. En 2021, 564 personas murieron por accidentes laborales y se notificaron 489.925 accidentes de trabajo. En general los lugares de trabajo carecen de las normas de seguridad que son standard en el mundo. Casi cuatro de cada 10 trabajadores tienen un empleo no registrado. Es decir, son trabajadores que no tienen sus derechos laborales cubiertos, no van a jubilarse, no tendrán cobertura médica en caso de accidente o compensación en caso de muerte. La participación en el mercado laboral promedio en los países de la OCDE, países a los que deberíamos aspirar a parecernos si queremos vivir mejor es 69 por ciento. En Argentina es aproximadamente de 51 por ciento. (La participación en el mercado laboral mide la cantidad de gente que trabaja o busca trabajo en relación con la población en edad de trabajar. Tengo dudas si las mediciones de actividad económica se miden de igual manera que en el caso de la OCDE; la comparación es solo orientativa).
Estos números nos dicen que no enfrentamos la necesidad de una reforma laboral, sino una catástrofe laboral. ¿Qué se haría en un país democrático moderno? Enfrentarlo y resolverlo convocando ampliamente a la sociedad civil. ¿Cómo?
La autoridad política del país, por ejemplo, podría declarar la emergencia laboral y convocar a una personalidad pública de reconocido prestigio para llevar a cabo un trabajo de recopilación de propuestas e ideas convocando abiertamente a ciudadanos, científicos, empresarios, sindicatos, asociaciones empresariales, profesionales y todas aquellas personas interesadas a aportar información para resolver este problema. ¿Cuál problema?
La designación de esa personalidad pública se realiza en base a unos Términos de Referencia previamente redactados que serán lo suficientemente amplios para abrir la conversación pública y lo suficientemente concretos para evitar caer en vaguedades inconducentes. Por ejemplo, unos Términos de Referencia que podríamos resumir como: una convocatoria pública por el término de tres meses a todos los interesados en aportar ideas, propuestas y medidas concretas que permitan alcanzar el 95 por ciento del empleo registrado, una participación en el mercado de trabajo del 60 por ciento, un desempleo de 5 por ciento y una baja del 50 por ciento de muertes por accidentes de trabajo en los próximos 10 años. La primera regla de una convocatoria de este tipo es: Compartir el problema, nunca la solución. Las propuestas se pueden presentar por escrito y en un foro público en el que se podrán escuchar públicamente.
El coordinador de la convocatoria debe ser independiente del sector político y declarar no tener conflicto de interés en la materia. Su un rol es de escuchar y moderar la conversación. No es necesario que sea un experto. Solo tiene que tener las habilidades para llevar adelante esa conversación pública y asegurar que todos los participantes sean escuchados. A esa convocatoria puede acudir Luis Barrionuevo y su sindicato. Pero también son igual de importantes las ideas de la Asociación de Empresarios bloqueados por Moyano. Es tarea del coordinador luego sopesar esas propuestas y ver cuáles contribuyen más con el objetivo de la convocatoria. Para ello elegirá un panel de expertos en temas laborales que lo asistirán en la tarea.
La tarea final de ese coordinador será la de compilar todas esas ponencias y aportes y elaborar un reporte incluyendo un listado de Recomendaciones concretas para resolver el problema. Esas Recomendaciones deben ser fundamentadas. El resultado se le entrega al Presidente de la Nación que es quién le encomendó esa tarea y quién paga por ese trabajo. No se deben aceptar fondos privados. Es ideal que esas recomendaciones se divulguen y discutan tambien en los medios de comunicación.
A partir de allí el presidente podrá indicar a sus colaboradores o su bloque de legisladores que elaboren un proyecto de ley que modifique la legislación laboral existente y proponga otra nueva. Todo ello se tratará en el Congreso. Tanto el Presidente como los legisladores decidirán si toman la totalidad de las recomendaciones o parciálmente. Será responsabilidad de la dirigencia política (representantes del pueblo) respetar o ignorar todo ese trabajo que hizo la sociedad civil. Esa acción construirá o destruirá la confianza de la sociedad.
Además de instrumentar reformas, la nueva legislación puede establecer plazos y etapas de implementación para evitar los cambios inmediatos que suelen ser traumáticos. También pueden recurrir a una herramienta mágica infalible para estos casos: La prueba piloto. Establecer una prueba piloto en un sector de la economía o en una provincia voluntaria donde esas transformaciones se puedan testear.
Esto es muy sucintamente lo que en general hacen las democracias modernas para reformas socioeconómicas que impactan a la sociedad toda. Para una sociedad como la argentina que demanda cambios inmediatos o que se cree que es una excepción mundial respecto a otros países porque “somos distintos, eso acá no va andar”, puede ser difícil de implementar. Me imagino un futuro gobierno de Cambiemos buscando implementar reformas y nuestros comunicadores sociales taladrando a la ciudadanía:
Nelson Castro, por ejemplo diría: “Acá hay un elemento que hay que resaltar. El presidente X nos dijo que ellos eran el cambio, que eran halcones, y ahora en el medio de los problemas que tenemos nos vienen con esta pérdida de tiempo. ¿No era que el diálogo no era necesario?. Yo dije el año pasado que esto iba a su-ce-der”. Yonatan Viale comentaría “muy lindas estas ideas que pueden servir en otros países pero acá estamos en Argentina y tenés el peronismo enfrente. Y Eduardo Feinmann coincidirá: ¡Peroclaro! No tanta vuelta. Andá a los bifes y hacé lo que tenés que hacer, querido”. En su editorial mañanero Pablo Rossi solemne reflexionará “arman este reunionismo para tomar café cuando todos sabemos qué es lo que hay que hacer. Ya sabemos lo que va a salir de esas reuniones: una ensalada de ideas para quedar bien con todos e imposible de implementar. Como decía el General Perón “un camello es un caballo diseñado por una comisión”. Marcelo Bonelli organizaría un programa especial con De Mendiguren, algún referente de la Asociación Empresaria Argentina, Luis Barrionuevo, el Doctor Recalde, Facundo Moyano y en una mesa los pondría a dialogar con Fernando Iglesias. Nicolás Wiñasky invitaría a su living a Carlos Corach para contar anécdotas de cómo sacaba las reformas Menem. Se reirán de aquellas picardías y no habrá preguntas comprometedoras. Carlos Pagni haría un informe con los antecedentes oscuros del coordinador que elijan para coordinar el proceso. Alconada Mon encontrará una cuenta en Bahamas de una tía del Coordinador de la convocatoria y dirá en la Mesa de Mirtha “Siempre lo he afirmado. La corrupción es sistemática, Mirtha”. Jorge Lanata entrevistaría a Eduardo Eurnekian que dirá que “no es necesario. Primero hay que crecer y luego el empleo se recomponerá solo” y a Martín Caparrós “no hay, acaso, lugar para la utopía de un mundo mejor. El neoliberalismo finalmente encuentra su destino en Argentina”. Luis Novaresio se quejaría de las obras en “la rotondita de dorrego y libertador” que demoran su tránsito por la ciudad. A la noche entrevistará a Facundo Manes que dirá que “estos consensos los tendríamos que haber construido en los últimos cuatro años. Perdimos un tiempo que la sociedad no tiene”. Pablo de León opinaría “esto al peronismo no le pasaría. Esta idea del diálogo evidencia la debilidad de Cambiemos que traslada su interna política a la sociedad”. Alejandro Fantino reflexiona al aire: “yo entiendo que hay que dialogar, pero a vos ya te votaron para que hagas lo que tenés que hacer. No podés ponerte a charlar”. Ernesto Tenembaum nos alertaría “se piensan que pueden traer ideas de otro lado, de países con una idiosincrasia totalmente distinta e implementarlas acá, en un contexto totalmente diferente. Es un delirio. Todo para eludir el costo político de precarizar el empleo. Es incomprensible”. Berenzstein, Catterberg, Giacobbe y todos los encuestadores hablarán de números y “nuestros focus” que nos dicen que la sociedad está cansada de los dirigentes de Cambiemos (ya no hablarían de la “dirigencia política” como ahora), que prometieron un cambio y los resultados de ese cambio no se materializan en logros que la sociedad pueda percibir. Hay un abismo entre la agenda del gobierno de Cambiemos y la de la sociedad que la está pasando muy mal. Sarcasmos a un lado, así se tramita la conversación pública en la actualidad.
No obstante, existe un antecedente que me permite confiar que un proceso como el que describo puede funcionar y ser útil para construir consensos y acuerdos. El caso que tengo para compartir, y que todos conocemos, es el de la CONADEP.
En las últimas semanas retomó notoriedad el juicio a la Junta Militar por una película que rememora la labor del fiscal Julio Strassera. Un hito político que en mi opinión derivó en la consolidación de la democracia como forma de vida civilizada y pacífica que logramos luego de un período de violencia traumático. En mi análisis no es el juicio lo más trascendente desde el punto de vista de una “política transformadora”. Es la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Esa comisión independiente del poder político, apuntada por el Presidente de la Nación, presidida por Ernesto Sábato y secundado por un panel de personalidades respetables, se dedicó a recibir testimonios y a compilarlos. El resultado fue un reporte, el Nunca más, que fue entregado al presidente de la Nación. El Presidente de la Nación entonces instrumentó la tramitación de los juicios en la justicia ordinaria. Para el momento que los juicios se concretaron el consenso sobre la necesidad de esos juicios ya estaba alcanzado. Fue la CONADEP y su trabajo de juntar información y su divulgación pública lo que construyó el consenso. El Nunca más fue un best seller. Los consensos no existen de antemano, se construyen, y es la disponibilidad de información y su divulgación lo que los logra. De esta manera la sociedad civil, sea participando en estas comisiones, sea informándose, sea apoyando sus recomendaciones se involucra en las reformas.
Esa sociedad concientizada garantiza ese consenso que nunca es unánime. Recordemos que tanto el peronismo como las organizaciones de derechos humanos se negaron a apoyar el trabajo de la CONADEP. Pero fueron el abrumador aporte de testimonios de las víctimas como la ola de la sociedad informada que quería superar esa etapa quienes consolidaron ese consenso.
La idea de la CONADEP no fue aventurada. Recientemente En su artículo La CONADEP treinta años después, Emilio Crenzel cita a Eduardo Rabossi (asesor presidencial e integrante de la CONADEP), quien afirma que esta Comisión recogía las experiencias de las comisiones especiales formadas en el Congreso de los Estados Unidos que son integradas por legisladores y personalidades de la sociedad civil. Según ha contado en varias entrevistas recientes Jaime Malamud Goti, su idea (y la de carlos Nino) de llevar a cabo los juicios a los responsables de la Dictadura Militar fue pensada mucho antes de que Alfonsín ganara las elecciones. Dice también que “en una transición de una dictadura a la democracia los juicios a los abusadores de derechos humanos son fundamentales”. En mi opinión, la CONADEP es hasta hoy la política pública más exitosa desde el regreso de la democracia. Es la única reforma estructural que perdura en el tiempo. Todas las demás han durado escasos años antes de ser desmanteladas. Las reformas que nos llevarán del populismo a la prosperidad son tan importantes como aquella gesta.
Por eso retomando la idea inicial. No es solo enfrentando a opositores a la modernización que vamos a lograr hacer los cambios que necesitamos. Necesitamos una convocatoria a una revolución de la participación y el compromiso para construir unas reformas que surjan de la sociedad, de una conversación pública madura. Malamud Goti dice también que el único que apoyaba su idea de los juicios inicialmente era Alfonsín. ¿Quién será el dirigente de Cambiemos que primero se animará a convocar a la sociedad?
